¿Qué tan efectivo es un impuesto al carbono?

La idea de asignar un precio al carbono y las emisiones de CO2para ayudar a combatir el cambio climático se ha difundido se ha estado difundiendo lentamente por el mundo en las dos últimas décadas.

El gobierno federal de Canadá fue el más reciente en adoptar la medida: el 1 de abril extendió el programa al establecer impuestos al carbono en cuatro provincias que no tenían sus propios planes climáticos.

Ya hay más de cuarenta países que han adoptado alguna modalidad de precio al uso del carbono, ya sea mediante impuestos directos sobre los combustibles fósiles o mediante programas de límites e intercambio de derechos de emisiones.

En el Reino Unido, el uso del carbono se desplomó después de la introducción del impuesto al carbono en 2013. En la parte noreste de Estados Unidos, nueve estados han establecido un nivel máximo de emisiones permitidas al sector energético y requieren que las empresas compren permisos de contaminación que pueden vender si no exceden el límite establecido.

Desde hace tiempo, los economistas han afirmado que aumentar el costo de la combustión del carbón, petróleo y gas sería una manera rentable de reducir las emisiones.

Sin embargo, en la práctica, ha sido políticamente difícil para la mayoría de los países establecer precios lo suficientemente altos como para incentivar reducciones considerables.

Muchos de los programas actuales de fijación de precios al carbono son bastante moderados.

En Francia y Australia, los intentos por aumentar los impuestos al carbono fueron aplazados por el descontento de votantes respecto a un aumento a los precios de la electricidad.

Por esa razón, en parte, la fijación de precios al carbono solo ha sido un plan secundario en las iniciativas para combatir el calentamiento global. Este es un resumen de algunos de los lugares con precio al uso del carbono:

Canadá tiene uno de los programas de fijación de precios al carbono más radicales del mundo. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau y del Partido Liberal impuso un impuesto a nivel nacional sobre el petróleo, el carbón y el gas, que este año es de 15 dólares por tonelada de dióxido de carbono y en 2022 llegará a 38 dólares por tonelada.

La mayor parte de los ingresos serán reembolsados a los canadienses en sus declaraciones de impuestos; el gobierno calcula que estos reembolsos compensarán los costos más elevados de la electricidad para aproximadamente el 70 por ciento de la población.

Algunas industrias clave que enfrentan una intensa competencia comercial, como la del acero y la industria química, están exentas del impuesto de Canadá.

Pero sí participarán en un programa en el cual las empresas más contaminantes dentro de un sector tienen que comprar créditos al carbono de las empresas más limpias.

En total, se espera que ambos programas cubran entre el 47 y el 90 por ciento de las emisiones de cada provincia.

Las provincias pueden excluirse del programa federal si diseñan sus propias políticas climáticas locales. Por ejemplo, Columbia Británica tiene desde 2008 un impuesto al carbono más elevado que el nacional —lo aumentó a 30 dólares por tonelada este año— y Quebec cuenta con un sistema de comercio de derechos de emisión.

Sin embargo, cuatro provincias, incluida Ontario, se negaron a elaborar sus propios planes, entonces se estableció en esos lugares el impuesto federal que entró en vigor el 1 de abril.

Este impuesto es fundamental en el plan de Trudeau para que en 2030 las emisiones de Canadá sean un 30 por ciento menores a las de 2005. Sin embargo, Canadá tiene elecciones nacionales programadas para octubre y la oposición conservadora ha prometido eliminar el impuesto al carbono si llega al poder.

En el lugar donde nació la Revolución Industrial, las emisiones de efecto invernadero han disminuido a su nivel más bajo desde 1890. Un factor destacable detrás de esa caída es un impuesto al carbono, que ha hecho a las compañías eléctricas usar menos carbón.

El Reino Unido ya está técnicamente cubierto por el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el cual establece un límite máximo general sobre las emisiones de industrias clave y permite que las empresas compren y vendan permisos para uso del carbono.

Pero a nivel regional, los precios del carbono se han conservado bajos y han tenido un efecto muy parco en reducir las emisiones.

Así que, en 2013, el Parlamento británico aprobó un nivel mínimo de precios al carbono para ciertos sectores (incluyendo la electricidad), política que funciona esencialmente como un impuesto al carbono, de aproximadamente 25 dólares por tonelada.0

El impuesto ha hecho que las compañías de electricidad hagan una transición del carbón al gas natural, el cual es relativamente más limpio. Este es quizá el ejemplo más claro en el mundo de cómo un impuesto al carbono genera un recorte significativo de las emisiones.

El Congreso estadounidense está en un punto muerto para acuerdos sobre cambio climático, por lo que los esfuerzos para fijar precios al uso del carbono han surgido a nivel estatal.

En el noreste del país, nueve entidades participan en la Regional Greenhouse Gas Initiative (Iniciativa regional sobre emisiones de gases de efecto invernadero), un sistema de comercio de derechos de emisiones que subasta los pocos permisos que hay para el uso de ese combustible a las plantas eléctricas.

Los precios al carbono de este sistema han sido modestos y no queda claro qué tanto los precios por sí solos han reducido las emisiones en la región estadounidense.

Pero los estados han utilizado los ingresos de las subastas para invertir en programas de energías limpias.

California, en el otro extremo territorial de Estados Unidos, tiene su propio programa de comercio de derechos por emisiones que va más allá de las plantas eléctricas; también abarca las fábricas, las refinerías y otras industrias contaminantes.

Asimismo, precios también se han mantenido en niveles modestos, en parte porque los niveles máximos iniciales fueron bastante altos y porque las menores emisiones a nivel estatal hasta el momento se dieron con otras políticas previas; entre ellas, los niveles exigidos de eficiencia para la operación de un edificio y el establecimiento de metas agresivas para aumentar el uso de energías renovables.

Existen algunas señales de que la fijación de precios al carbono podría ampliarse a más partes de Estados Unidos. Virginia y Nueva Jersey tienen planes de unirse a la iniciativa regional en el noreste y otros estados de esa región buscan desplegar un programa similar que pondría precios al uso de combustibles para transporte con inversiones paralelas en sistemas de tránsito, autobuses eléctricos u otras soluciones que utilicen poco carbono.

Desde 2011, China ha estado experimentando con programas de niveles máximos de emisiones y de comercio de derechos por emisiones en ciudades piloto, incluyendo Shanghái y Shenzhen.

El país planea emprender en forma gradual un programa de niveles máximos y comercio de derechos de emisión en todo el país a partir de 2020; habría varios años de pruebas antes de ampliarlo a sectores importantes como la electricidad, el acero y el concreto.

Si China logra cumplirlo, habrá creado el programa de fijación de precios al carbono más grande del mundo. Sin embargo, el gobierno aún no afina los detalles clave, como cuál será el nivel máximo para las emisiones generales de carbono. Los funcionarios chinos han estado conversando con representantes de California y de la Unión Europea para aprender de sus experiencias en el diseño de los programas de límites y comercio de derechos de emisiones.

En 2012, el gobierno de los laboristas de Australia emprendió un programa de límites máximos y comercio que básicamente estableció un precio al carbono de de 23 dólares por tonelada.

Las emisiones se redujeron a nivel nacional, pero el programa fue blanco de críticas por parte de grupos industriales y de votantes.

El Partido Liberal, que es más conservador que el laborista, eliminó el programa cuando llegó al poder en 2013.

Australia ahora tiene un programa mucho menos severo de fijación de precios al carbono, llamado el mecanismo de protección, en el cual las grandes industrias contaminantes que rebasen cierto nivel de emisiones pueden comprar créditos al carbono para compensarlo.

En 2017, solo unas cuantas empresas, incluyendo varias minas de carbón, compraron esos créditos; gastaron alrededor de 6 millones de dólares. Australia se encamina a un incumplimiento de sus metas generales de reducción de emisiones.

Puede que el sistema inicial de fijación de precios al uso del carbono sea retomado. De cara las elecciones federales, programadas para mayo, los laboristas han propuesto revivir el programa en una versión reducida de límites a emisiones y comercio de derechos de emisión que aplicaría a las empresas más contaminantes del país.

No obstante, la fijación de precios al carbono sigue siendo un tema polémico en Australia, nación que ha sido considerablemente afectada por el calentamiento global, pero que también es la mayor exportadora de carbón en el mundo.

Fuente: NyTimes