Productores del Valle de Uco, tierra del vino argentino, defienden el agua contra la minería

Los productores del Valle de Uco, una rica zona vitivinícola en el oeste de Argentina, fueron un grupo clave para lograr la derogación de una ley aprobada en diciembre que permitía el uso de químicos contaminantes en la minería, rechazada ampliamente por la población.

Votada por el Parlamento de la provincia de Mendoza, los legisladores dieron marcha atrás luego de protestas masivas ante la amenaza medioambiental que suponía el uso del cianuro y otros químicos en la explotación minera, autorizados por la norma.

Ante las presiones, el gobernador centroderechista Rodolfo Suárez reconoció que no existía "licencia social para la ley".

Los productores del Valle de Uco, una región de 17.000 km2 recostada sobre la Cordillera de los Andes, fueron parte de los manifestantes que se alzaron en defensa del agua que nutre a los viñedos.

En el valle se produce 20% de los vinos de Mendoza, el mayor distrito vitivinícola del país, que tiene además riquezas petroleras, mineras y turísticas.

"La vitivinicultura argentina ha logrado salir al mundo y tener una gran importancia siendo libre de contaminaciones raras, de cianuro, de cualquier tipo; el agua es natural", dijo a la AFP el enólogo Oscar Garófoli, propietario de la bodega Los Parrales.

Esta bodega, una de las tantas de la provincia, tiene capacidad para producir 1,4 millones de litros de vino con sus propios viñedos extendidos en unas 120 hectáreas de este valle atravesado por el río Tunuyán, fuente de agua dulce.

Mendoza, de clima seco y árido, depende del riego artificial y del agua de deshielo andino para su actividad agrícola.

Agustín Narváez, un trabajador de la tierra de 23 años, lo sintetiza: "Sin agua esto se muere y sin esto yo no vivo, porque le da de comer a mi familia".

Por ello, el Valle de Uco se ha convertido desde hace unos 15 años en uno de los epicentros de la resistencia a los proyectos mineros en Mendoza.

En 2005, una protesta contra la minería convocó a miles de personas en la ruta 40, paralela a la cordillera, que atraviesa el país de norte a sur. Las protestas a favor del medioambiente continuaron al año siguiente, y en 2007 se sancionó la ley 7.722, que prohibió el uso de cianuro y otros químicos en la minería.

La nueva ley que generó las protestas recientes, llamada por sus opositores "ley cianuro", remplazaba ese texto de 2007 y habilitaba el uso de químicos. La marcha atrás de los legisladores devolvió vigencia al texto de la ley 7.722.

Sin embargo, algunos lo ven como un retroceso para el desarrollo.

Guillermo Mosso, del partido Demócrata de Mendoza, que votó a favor de la ley, dijo que "el desarrollo de la minería metalífera es necesaria para ampliar la matriz productiva de Mendoza, generar más empleo y el apoyo de las regalías mineras aplicadas a la mejora del cuidado del agua".

Tras la derogación de la ley, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado el último día de 2019: "Lamentamos la oportunidad que pierde nuestro país en términos de empleo y de desarrollo productivo regional".

Fuente AFP