La maldición del petróleo envenena a los indígenas de la Amazonía peruana
El derrame de crudo ha contaminado los ríos de la región y sus peces, el principal sustento de sus pobladores. El Estado ha sido negligente en la respuesta al desastre
La vida de Nehemías Pando y su familia no volvió a ser la misma tras los derrames de petróleo en sus comunidades indígenas, que en 2014 afectaron a centenares de personas en la selva norte del Perú. Uno de sus hijos tragó agua contaminada con crudo mientras pescaba en la zona donde ocurrió el derrame del Oleoducto Norperuano de la estatal PetroPerú. Y su hija de 17 años también tiene problemas del aparato digestivo luego del vertimiento de crudo. Ninguno recibe la atención médica especializada que requieren. “Cuando vinieron las brigadas de salud a entregar resultados de un análisis, mi hijo salió con 11 de plomo en la sangre. Tiene anemia, tiene sueño, desde octubre esperamos que el centro de salud (de la localidad de Maypuco) le haga una transferencia a Iquitos nuevamente, pero no me responden”, cuenta Pando. No es, ni mucho menos, el único que sufre las consecuencias de la tragedia.
En esta región peruana la riqueza petrolera se ha convertido en una pesadilla para sus habitantes. El ducto principal que atraviesa cuatro zonas (Loreto, Amazonas, Cajamarca y Piura) tiene más de 850 kilómetros de longitud y fue inaugurado en 1977. Un informe preparado por una comisión parlamentaria registró 36 derrames entre 2008 y 2016, que afectaron unas 141 hectáreas de terrenos comunales. Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente, afirmó en 2016 que los derrames se debían a la falta de mantenimiento y corrosión de la infraestructura.
Una investigación parlamentaria que concluyó en noviembre de 2017 halló como responsables, entre otros, a PetroPerú y a las empresas que esta firma contrató para garantizar la seguridad del ducto y la limpieza de las áreas que contaminó. Sin embargo, el pleno del Parlamento tardó un año y medio en poner en debate el reporte: el 15 de mayo lo archivó argumentando que la comisión investigadora no identificó una “responsabilidad directa”, a pesar de que el último capítulo del documento —de más de 360 páginas— menciona a decenas de cargos como responsables, por acción o por omisión. “Los derrames, así como las respuestas del Estado peruano y PetroPerú ante los problemas sociales, ambientales y económicos que han sido generados, constituyen una nueva evidencia de la situación de marginalidad y desprotección en la que se encuentra la población de nuestra Amazonía”, describe el informe multipartidario.
La comunidad indígena de San Pedro ha sido duramente golpeada por el desastre: ha sufrido varios derrames de crudo, el más reciente en febrero de 2018, justo cuando PetroPerú anunciaba el fin de la limpieza del río Marañón, el suelo y la vegetación. EL PAÍS acompañó a inicios de mayo a un grupo de organizaciones de derechos humanos a la zona del derrame y constató que aún hay crudo en los canales próximos a la comunidad. Cuando los residentes de San Pedro remueven las aguas con un palo, a un metro de profundidad, aflora el petróleo. En tres días de visita, las palabras que más se repiten son “hidrocarburo” y “pescado contaminado”.
“Aquí hay bastante anemia en los niños, porque ya no hay pescado. Si uno va a las cochas (lagunas) a pescar es dudoso comer ese pescado, ahora viene flaco. En el cuaderno de actas de la comunidad la empresa se ha comprometido a dejar limpio, han dicho que han terminado, pero el agua sigue con hidrocarburo”, dice el apu (jefe) de San Pedro, Humberto Iñapi. “Antes uno traía pez para la casa para tres o cuatro días y sobraba para vender unos 300 soles (90 dólares). Ahora si queremos que nuestros hijos y nietos coman sano, tenemos que criar patos, gallinas, cerdos, y esa alimentación cuesta. Al pez no le crías”, agrega la autoridad del pueblo formado por más de 170 personas.
Entre ellas está Nehemías Pando y su tragedia. El hombre dijo que su hijo podrá ser traslado a Iquitos luego de siete meses de espera. “Si tuviera el dinero ya lo hubiera llevado, solo quiero que pueda estudiar, que su vida sea más tranquila”, añade el padre de seis hijos.
En San Pedro, el Ministerio de Vivienda ha instalado una planta de filtración de agua de la que hay que abastecerse en cubetas. Desde los nueve años las niñas cargan los baldes a sus casas. No hay electricidad, ni desagüe, ni alcantarillado. En la escuela de la localidad hay dibujos en las paredes pintados por los alumnos. Uno de ellos, Belinson, ilustra a un niño pescando sentado en una barca y en el extremo de la caña hay un pez más grande que la embarcación. Explica que le gusta nadar en el río Marañón, conectado a canales aún contaminados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en diciembre de 2017 medidas cautelares para los afectados por los derrames en San Pedro y Cuninico, otra comunidad indígena, y pidió al Estado peruano suministrarles atención médica apropiada, “agua potable libre de agentes contaminantes y una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales”, entre otros. Además, la Corte Superior de la región de Loreto confirmó en enero de 2018 una sentencia que ordena al Ministerio de Salud diseñar y desarrollar un plan de salud pública en Cuninico y un sistema de vigilancia epidemiológica que incluya el monitoreo de los índices de salubridad del agua, entre otros factores. El Ministerio aún no ha ejecutado el fallo, afirma el abogado Juan Carlos Ruiz, quien planteó la demanda.
Cuninico está localizada a unas seis horas de San Pedro atravesando el río Marañón. Tiene más de 720 habitantes y sufrió en 2014 la fuga de unos 2.560 barriles de crudo. Sus vecinos dependen del agua de lluvia para cocinar y bañarse, porque los 14 grifos de agua que colocó el Ministerio de Vivienda en la calle principal del poblado el año pasado solo funcionan unos 40 minutos diarios. “Si llega a media hora es bastante”, comenta Elva Vásquez, vecina de Cuninico. Además, las mangueras que llevan el líquido hacia las tomas tienen agujeros.
En este poblado la tragedia ha abrazado a todos sus habitantes. El día que lo visitamos un grupo de hombres constataba la situación de las aguas en un canal localizado a unos 30 minutos de la comunidad. Entre ellos estaba Marcial, que desde la proa de una embarcación sumergía una vara en el agua: con el movimiento salían unas burbujas aceitosas. Cuando hundió más la vara aparecieron trazas negras de crudo. “Lo que allí ha pasado es permanente y nos hace daño a la salud”, se lamenta Watson Trujillo, el apu de Cuninico, su poblado marcado por la maldición del petróleo.
Fuente: El País
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