La Fiscalía brasileña acusa a la minera multinacional Vale de homicidio con dolo por 270 muertes
La investigación apunta a que la empresa presionaba sistemáticamente a las auditoras para que avalaran instalaciones peligrosas
Casi un año después de que una lengua de residuos mineros a 80 kilómetros por hora engullera a 270 personas en una mina de Brumadinho (Brasil), la Fiscalía presentó este martes una acusación demoledora contra la empresa propietaria y la auditora. El expresidente ejecutivo de la multinacional brasileña Vale Fabio Schvartsman -el mismo que cuando asumió el cargo después de un desastre similar pero menos letal en 2015 proclamó “Nunca más”- es acusado de homicidio con dolo y delitos medioambientales junto a otros 15 altos cargos e ingenieros de la compañía, una de las mayores del sector, y de la firma alemana Tuv Sud, que certificó seis meses antes que aquella inmensa balsa de desechos era estable.
En el escrito de acusación, los fiscales afirman: “Con apoyo de Tuv Sud, Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad de la empresa que buscaba evitar, a cualquier precio, impacto en su reputación y, por consiguiente, alcanzar el liderazgo mundial (del sector) en valor de mercado”. Un juez deberá decidir ahora si acepta los cargos y los sienta en el banquillo. Se arriesgan a penas de entre 12 y 30 años de cárcel. Tras difundirse el pliego de acusaciones, la multinacional se declaró “perpleja ante las acusaciones de dolo”.
Eran las 12.28 –hora de comer en Brasil-- del viernes 25 de enero de 2019 cuando una balsa con 13 millones de toneladas de residuos acumulados durante años se hicieron líquidas generando un tsunami que arrasó en minutos el comedor y las oficinas administrativas de la mina. La alarma no sonó. El encargado de activarla estaba almorzando. Aquel mar de desechos mató a 270 personas. Casi todos trabajaban para Vale, que genera enorme riqueza para Brasil pero también es una empresa reincidente.
La ruptura en 2015 de un depósito similar al de Brumadinho en la mina de Mariana, de la que Vale era copropietaria mató a 19 personas y causó el peor desastre medioambiental de la historia de Brasil. Entonces también hubo lamentos, comisiones de investigación, un caso judicial… pero nadie fue juzgado. La minuciosa búsqueda de cadáveres aún continúa porque quedan unos pocos por localizar.
Vale, con 55.000 empleados en Brasil, es una de las mayores multinacionales del gigante sudamericanon, la primera productora mundial de mineral de hierro del mundo. Fuente clave de riqueza sobre todo en el estado de Minas Gerais, posee un gran poder e influencia en la economía y la política brasileña.
Los investigadores sostienen que la cúpula de Vale sabía, al menos desde 2017, que aquella balsa había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas de la empresa”, según la fiscalía.
Schvartsman fue apartado de su cargo dos meses después de la catástrofe a petición de las autoridades. Las diversas pesquisas del último año trazan un escenario en el que la empresa asumió riesgos por encima de los autorizados, presionó a una auditora alemana para falsear la situación de la balsa ante las autoridades y eludir otros controles porque su gran prioridad era convertirse en la minera que más valía en Bolsa. Tras el desastre, otras auditoras se negaron a certificar 18 balsas y represas de Vale, según The Wall Street Journal.
El propio presidente ejecutivo de Vale recibió semanas antes de la tragedia un correo electrónico anónimo que alertaba: “Las balsas están al límite”, según reveló el informe final de la comisión de investigación de la Cámara de los Diputados. En vez de tomar medidas, Schvartsman pidió a los suyos que identificaran al autor del mensaje.
El diputado federal Rogerio Correia, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fue relator del informe de la comisión parlamentaria sobre Brumadinho y que años atrás, cuando era diputado estatal en Minas Gerais, participó de otra comisión sobre el desastre de Mariana, es categórico: “El peligro era inminente y ellos optaron por el lucro”, decía este martes en una entrevista telefónica en referencia a las dos empresas acusadas. Preguntado por qué la multinacional minera no trasladó el comedor y las oficinas a un lugar más alejado del depósito que se rompió, Correia dice que, “si los hubieran movido, habría quedado en evidencia que había problemas, habría llamado la atención. Por eso lo escondieron”.
Uno de los supervivientes de Brumadinho, empleado de Vale e hijo de una víctima, dijo a los parlamentarios: “La balsa estaba a punto de estallar seis o siete meses antes. Ellos con miedo de parar y perder el empleo, ¡Y miren lo que pasó! Sé que se murió allí, comiendo, pobrecitos, comiendo”.
Cuando la Bolsa brasileña abrió tras la tragedia, Vale se desplomó un 24%. Las acciones se han recuperado en estos meses. Y la empresa remunerará a sus accionistas con 7.250 millones de reales (1.560 millones de euros, 1.700 millones de dólares), una cantidad algo mayor de lo que se calcula que ha desembolsado en indemnizaciones a los afectados de Brumadinho.
Falsos informes de la auditora alemana
Gestionar los residuos es una de las tareas de mayor riesgo en las empresas mineras que, además, no implica ganar dinero. Como la agencia pública brasileña encargada de fiscalizar el sector minero no alcanza para cubrir la demanda del sector, el control suele quedar en manos de las propias empresas. La Fiscalía acusa a Vale de imponer riesgos extraordinarios a la sociedad, con el apoyo de la empresa que debería haberla auditado de manera independiente, que firmó los falsos informes de estabilidad de la balsa de Brumadinho.
El fiscal que dirige la investigación sobre las responsabilidades penales del caso, William García, describió en rueda de prensa cómo funcionaba el sistema de represalia recompensa con el que Vale presionaba a las auditoras para que certificaran que las balsas estaban dentro de los parámetros legales de seguridad. Según él, “las compañías de auditoría externa que no acordaron coludir fueron objeto de represalias y fueron retiradas de los contratos”. El fiscal sostuvo que, una vez Tuv Sud se plegó a las exigencias de Vale, la firma fue recompensada convirtiéndose en la gestora de riesgos de la empresa. Aquellos informes ejercieron, según el fiscal, de “escudo para las actividades arriesgadas de Vale”.
Fuente El PAIS
Comentarios