Aprobada la enmienda de «ley Celaá» elimina al castellano como lengua oficial del Estado y ve

En contra han votado Vox, PP Cs y UPN y se ha abstenido el PNV

La enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC a la «ley Celaá», actualmente tramitada en el Congreso, que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular y oficial ha sido aprobada. En contra han votado Vox, PP Cs y UPN y se ha abstenido el PNV.

El proyecto de ley educativo, Lomloe, dice en su articulado actualmente (en un redactado muy similar a la ley vigente, la Lomce) que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

Se ha cambiado este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Además, cuando se menciona que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», se tacha la alusión al mismo como «lengua oficial del Estado».

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña ha expresado «su más absoluto rechazo a la aprobación de esta enmienda, que se plega a los deseos del nacionalismo de excluir al español y a la cultura española de la escuela catalana».

Añade que «nuestra Constitución nos sigue amparando y en ella confiamos para revertir esta situación, continuaremos recurriendo a la justicia para conseguir que nuestros hijos estudien en las dos lenguas oficiales y de los catalanes».

Por último, Losada ha dicho que «no podemos dejar de manifestar nuestra gran decepción con el Gobierno de España, que ha mercadeado con los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes para obtener rédito político. Hoy el Gobierno de España ha aprobado una Ley que crea desigualdad entre los españoles».

Fuente

ABC.es