3,000 mujeres están presas por delitos menores relacionados con drogas

María tuvo un percance en su auto en carretera y aceptó la ayuda de un extraño que ofreció llevarla.

En el camino, fueron detenidos por la policía federal , que encontró marihuana en el vehículo.

Los oficiales golpearon y violaron a María, quien hoy padece sordera en segundo grado por las agresiones, lleva más de cuatro años en prisión preventiva por un proceso penal donde la única acusación es transportar marihuana, un delito que no cometió.

La historia de María es similar a la de otras 3,018 mujeres que son parte de una investigación, detención o proceso penal en el país. Todas asociadas a delitos contra la salud (drogas) y, la mayoría, por delitos menores.

Entre 2016 y 2018 creció 103% el número de mujeres presas por delitos contra la salud.

El Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento reúne a oficiales latinoamericanos y expertos en derechos humanos que buscan disminuir el número de mujeres en prisión por delitos de bajo nivel relacionados con drogas, pues afirman que muchas mujeres se involucran en el mercado ilícito para sostener a sus familias.

“Su detención aumenta su vulnerabilidad y a de sus dependientes, pues hoy no hay un programa de reinserción para estas mujeres, vamos ni siquiera cuentan con una defensa de oficio, son víctimas invisibles”, dice Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres AC.

En conjunto con el Senado de la República, la Red por la Justicia, y la Asociación Casas de las Muñecas Tiresias, Equis Justicia para las Mujeres AC presentó la campaña #LiberarlasEsJusticia: El Contexto es la Única Diferencia, que busca mecanismos legales para la liberación de las mujeres que han sido víctimas de la política de combate a las drogas.

Hoy el 91% de las mujeres en prisión en México no habían sido juzgadas previamente por un delito. 86% tienen al menos un hijo y 76% fueron víctimas de violencia por parte de la autoridad al momento de su arresto.

Entre las principales propuestas de la campaña se encuentran:

a) El establecimiento de una mecanismo legal que permita la liberación de las mujeres víctimas de violencia por política antidrogas. Citlali Hernández, senadora integrante de la comisione anticorrupción, transparencia y participación ciudadana propone rescatar la figura de cumplimiento de condena a través de arresto domiciliario monitoreado por brazaletes.

b) Implementación de estrategias de reinserción social

c) Una política de combate a las drogas que priorice la salud pública y los derechos humanos.

Fuente: Forbes