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Desafío de la movilidad verde en Latinoamérica


La educación sentimental que hemos recibido a través del cine y la televisión ha redundado en que cada vez que pensamos en el transporte del futuro imaginemos autos voladores o sistemas de teletransportación como alternativas a los embotellamientos de vehículos contaminantes que, lamentablemente, suelen caracterizar a las urbes de la Latinoamérica.


El problema no es menor: estimaciones conservadoras revelan que cada año mueren más de 50,000 personas de forma prematura en la región debido a la contaminación atmosférica causada principalmente por el transporte.


De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México gasta casi 40,000 millones de dólares en costos de salud provocados por la contaminación, y la mitad de estos son atribuibles directamente al sector del transporte.


De continuar así, el futuro dista de lucir promisorio: según datos de la Agencia Internacional de la Energía, la flota de automóviles en Latinoamérica podría triplicarse en los próximos 25 años, e incluso superar los 200 millones de unidades en 2050.


Este crecimiento se traduciría en un efecto pernicioso en la demanda de combustibles y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).


Nos encontramos frente a un escenario que plantea una oportunidad única para tomar decisiones estratégicas que lleven al cambio que todos deseamos: un transporte digno, eficiente y limpio.


La solución, sin embargo, está lejos de ser tan dramática como lo que vemos en una cinta de ciencia ficción.


De acuerdo con “Climate Investment Opportunities in Cities 2018”, un informe de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, Latinoamérica puede adoptar esquemas de movilidad verde con sencillez relativa y en un periodo corto.


El potencial de inversión está ahí. IFC estima una oportunidad de inversión de casi 395 mil millones de dólares en el sector del transporte en las ciudades de la región latinoamericana hasta 2030, incluido el despliegue de vehículos eléctricos y el cambio modal hacia el transporte público y no motorizado.


Tan sólo en vehículos eléctricos, IFC estima una inversión de 285 mil millones de dólares.


Más de 42 ciudades importantes de América Latina han desarrollado sistemas de transporte público, como Bogotá, Santiago y Medellín, y más de 320 más han integrado carriles para bicicletas en sus sistemas de transporte. Una proporción significativa de estos proyectos tenía algún financiamiento privado a través de modelos de Asociación Público Privadas (APP).


¿Y la Ciudad de México?

Desde hace ya varios lustros, la Ciudad de México enfrenta el reto de reordenar la movilidad urbana en aras de reducir la contaminación, optimar la viabilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.


La Ciudad de México ha revisado profundamente el sector de transporte -la mayor fuente de las emisiones contaminantes (45% de las emisiones totales)- para crear un paisaje urbano mejor conectado, coordinado y accesible: la ciudad ha modernizado el Sistema Colectivo Metro, al tiempo que ha desarrollado planes de transporte intermodal y lanzado nuevas líneas de tránsito rápido de autobuses.


El objetivo de estas iniciativas ha sido reducir la contaminación del aire, la congestión y el uso de energía.


La capital mexicana espera reducir las emisiones totales actuales en 10% para 2020, lo que ahorraría 2.7 millones de kilovatios-hora de energía. Como miembro de C40 Cities, la Ciudad de México también firmó la Declaración sobre autobuses limpios, comprometiéndose a incorporar flotas de autobuses de bajas emisiones.


La ciudad ha logrado catalizar un cambio modal hacia el transporte público y limpio a través de nuevos programas para incentivar el uso de autobuses públicos y bicicletas La ciudad busca ampliar este éxito con un corredor verde creado mediante el despliegue de 100 nuevos autobuses eléctricos y 22 kilómetros de nuevos carriles para bicicletas en toda la ciudad.


En 2008 la Ciudad de México abrió una Oficina de Estrategia de Movilidad No Motorizada para alentar el uso de la bicicleta.


La oficina tenía el mandato de construir una mejor infraestructura y construir una cultura ciclista en la ciudad.


El sistema público de bicicletas compartidas de la ciudad, Ecobici, se ha convertido en la cuarta iniciativa más grande de su tipo en el mundo, al expandirse de 85 estaciones en 2010 a 444 en 2018.


Con un área de cobertura de 32 kilómetros, los servicios de Ecobici se han utilizado 36 millones de veces desde 2010.


IFC estima oportunidades de inversión de 2,000 millones de dólares en transporte público y 7,000 millones en el despliegue de vehículos eléctricos en la ciudad, lo que crearía oportunidades de inversión verde por un total de 9,000 millones de dólares en el sector del transporte hasta 2030.


Conclusión

El gran desafío es impulsar un liderazgo y acción política decidida, tanto pública como privada, para lograr la aceleración de la movilidad eléctrica.


Esto se puede conseguir gracias al establecimiento de condiciones habilitantes, la disponibilidad de redes de recarga y la aplicación de normas de emisiones y eficiencia energética más estrictas para vehículos convencionales –gasolina o diésel – alineadas con las tendencias globales.


Si la totalidad de la flotilla actual de autobuses y taxis de 22 ciudades en 12 países de América Latina fuera reemplazada por vehículos eléctricos, se ahorrarían para 2030 casi 64 mil millones dólares en combustibles y se reducirían 300 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO²eq), según una estimación de la ONU dada a conocer a finales de 2017.


La transición hacia la movilidad eléctrica en el transporte público en las 22 ciudades ayudaría además a evitar la muerte prematura de más de 36,500 personas debido a enfermedades respiratorias asociadas a la calidad del aire.


El cambio hacia una movilidad verde es una idea que se encuentra a nuestro alcance. No dejemos pasar la oportunidad.



Fuente: Forbes

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